Presunción de inocencia y privación de libertad

Salvador Viada Bardají, fiscal del Tribunal Supremo

En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Española, todas las personas gozan de la presunción de inocencia, es decir, salvo que se acredite en un proceso ante un juez en la forma establecida por la ley a través de pruebas de cargo válidas y suficientes racionalmente valoradas, las personas son inocentes. Sin embargo, la prisión provisional supone el ingreso en prisión de personas antes de que se haya celebrado ningún juicio.

Ingresar a una persona en la cárcel sin previo juicio es algo que genera legítimamente una apariencia de vulneración de la presunción de inocencia. Pero lo cierto es que la mayor parte de las personas estarán de acuerdo en que hay casos en los que por razones fundadas –la ley recoge taxativamente las que han de concurrir– es necesario proceder a ingresar en prisión a una persona antes del juicio. El riesgo para la vida de la víctima, la posibilidad de fuga, la posibilidad de destruir pruebas, presionar a testigos o cometer nuevos delitos son factores que justifican en muchas ocasiones el adelantar la privación de libertad de una persona al hecho material de la condena, siempre claro está que se trate de delitos graves –es lógico entender que cuanto más grave sea el delito imputado más riesgos existen de que el investigado puede sustraerse a la acción de la justicia – . Y además, en todo caso, que haya evidencias sólidas de la participación del afectado en los hechos investigados. En este sentido, la prisión provisional es una medida cautelar para que el proceso penal pueda llegar a buen fin toda vez que se toma la resolución por parte del juez instructor sobre la base de un juicio sobre el peligro que la libertad del investigado puede suponer para la víctima, o para el correcto desarrollo del proceso, y también cuando se aprecie la probabilidad de que el afectado continúe delinquiendo en libertad. ¿A cuántas personas afecta en España esta medida? Varios miles. Las cifras de 2016 indicaban que, aunque descendiendo en número desde 2010, en España de un total de algo más de 60.000 presos más de 7.000 son preventivos. Es decir, que hay un número considerable de personas en esta situación que hoy abordamos, superior en términos relativos a la mayor parte de los países europeos.La medida de prisión provisional tiene algunos importantes problemas de concepción. Lo más evidente es el hecho de que por más apariencia que haya de culpabilidad, el ingresado es legalmente una persona inocente hasta que no recaiga una sentencia condenatoria. Por ello, es siempre un fracaso del sistema cuando ocurre que una persona es absuelta tras haber sufrido prisión preventiva, o incluso cuando su condena no alcanza el tiempo que padeció dicha situación de prisión provisional. En esos casos, la indemnización que puede llegar a obtenerse no compensará casi nunca el daño sufrido.

El riesgo de error en la valoración de las circunstancias al acordar la medida está siempre presente. Pensemos que es una medida que solo puede acordarse por el juez de manera rogada, es decir, si se lo pide alguna parte acusadora, pero que exige de aquel una valoración de los riesgos de la libertad en relación con la investigación que está llevando a cabo. El juez tiene entonces que tomar su decisión desde su compromiso con la investigación. Una valoración de las circunstancias que haga prevalecer el buen fin de la investigación sobre la excepcionalidad de la figura (que no puede sostenerse si otras medidas menos gravosas son eficaces a los fines que persigue) puede llevar a una persona de manera precipitada a la cárcel. El recurso de apelación contra la decisión del juez es una garantía, pero la revisión por un Tribunal superior se produce lógicamente cuando ya se ha hecho efectiva. En suma, se trata de una figura procesalmente necesaria pero que por su objetiva colisión con el derecho constitucional a la presunción de inocencia exige sumisión a criterios de excepcionalidad.