El impulso por preservar, mediante normas jurídicas, un mínimo de humanidad dentro del horror de las guerras, se fue intensificando a medida que estas se fueron haciendo más generalizadas y destructivas. Su desarrollo contemporáneo tiene su origen en la conmoción sufrida por Henry Dunant, el 24 de junio de 1859, cuando, como testigo accidental, vio morir, en el más absoluto desamparo, a una ingente masa de heridos, caídos en el campo de batalla de Solferino que enfrentó a franceses y austríacos. Aquella experiencia dio lugar a la fundación, en 1863, del Comité Internacional de la Cruz Roja y al primer Convenio de Ginebra para «el mejoramiento de la suerte de los militares heridos de los ejércitos en campaña», el 22 de agosto de 1864. Casi un siglo más tarde, la experiencia de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, llevó a la redacción de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, relativos a la protección de heridos, náufragos y prisioneros, así como de las personas civiles, en tiempo de guerra. Estos cuatro Convenios, junto a los dos Protocolos de 1977, que los perfeccionan y desarrollan, forman un corpus de más de quinientos artículos que constituyen el núcleo del Derecho internacional humanitario (DIH) contemporáneo. En torno a ellos y a los principios que los inspiran, el nivel de consenso es casi universal y así lo demuestra el hecho de su ratificación por prácticamente todos los Estados del mundo, incluida la antigua URSS que lo hizo en 1960 y 1989.
Pese a ese amplísimo nivel de consenso, el DIH sigue siendo una rama del Derecho internacional que ocupa un puesto más bien marginal en los estudios de la carrera de derecho. Y, sin embargo, en los propios Convenios se incluye la obligación de los Estados de difundir lo más ampliamente posible, en sus respectivos países, los textos de los Convenios, incorporándolos a sus programas de instrucción militar e incluso civil de tal manera que sean conocidos por «la totalidad de la población y, en particular, por las fuerzas armadas combatientes, por el personal sanitario y por los capellanes». Como nos decía un viejo catedrático de Derecho internacional, los Estados se han comprometido, por tratado, a enseñar DIH, algo que no ocurre, por ejemplo, con las matemáticas. Desgraciadamente, y salvo la notable labor de difusión realizada por la Cruz Roja a través de innumerables cursos, el DIH sigue siendo un gran desconocido por parte de la población general y no digamos ya por parte de los capellanes. Sin duda, el patriarca Cyril de Moscú, caso de haber tenido un somero conocimiento del DIH, habría exhortado a las tropas rusas a su escrupuloso cumplimiento.
Además de su desconocimiento, resulta frustrante comprobar el débil sistema de eficacia de las normas del DIH. En los Convenios se recoge no solo la obligación de los Estados de perseguir en su legislación interna a los culpables de infracciones graves del DIH, sino también la de adoptar las medidas necesarias para que cesen los actos contrarios a sus prescripciones. Resulta altamente improbable que Rusia, pese a haber incluido en su legislación los delitos contra el DIH, vaya a juzgar a los culpables ni, mucho menos, a adoptar medidas para el respeto del principio de humanidad en el territorio de Ucrania. Masacres de personal civil como las de Bucha, la de la estación de Kramatorsk, o el bombardeo del hospital infantil de Mariúpol, acreditados por satélites, periodistas e incluso por una comisión independiente de la OSCE, quedarán impunes. Ni tribunales rusos, ni un Nüremberg ad hoc, ni la Corte Penal Internacional (CPI) cuya jurisdicción no reconoce Rusia, juzgarán a los culpables de esas violaciones. La única y remota posibilidad de exigir responsabilidad es la de acumular pruebas que incriminen a personas concretas y, en el improbable caso de que estas salgan de Rusia, juzgarlas en los propios tribunales en virtud del principio de jurisdicción universal reconocido para estos delitos por los Convenios de Ginebra.
Carlos Eymar, filósofo y profesor de Derecho Internacional Humanitario