No hay mayor efecto llamada para quien aspira a una existencia más segura y más próspera que una diferencia abismal entre sus condiciones de vida y las de un territorio vecino. Por vallas y muros que se alcen, esta realidad no cambiará, en un contexto de crecientes movimientos migratorios, según Naciones Unidas.
Un 10,4% de la población de la Unión Europea es de origen foráneo, un 6,4% de países terceros y un 3,1% de otros estados miembros de la UE. En total, cerca de 48 millones de personas que se concentran sobre todo en las cuatro grandes economías de la Unión: Alemania, Francia, España e Italia.
Según datos de Frontex, cada vez llegan menos personas migrantes de forma irregular a Europa. Tras el pico de entradas de personas extranjeras registrado en 2015, poco más de un millón en total, muchas huidas de la guerra en Siria, la caída ha sido drástica en una década. Entraron 275.049 en 2023; 154.502, en 2025; 31.784, hasta los últimos datos disponibles, de junio de 2026. Estos intentos de llegar a una Europa como tierra prometida siguiendo las rutas del Mediterráneo y de África occidental han sembrado el mar de muertes: 3.711 en 2023; 2.145 en 2025 y, hasta junio, 1.578.
Este es el contexto en que se produjo el intento de migración masiva de cerca de 80.000 personas, la mayoría niños y algunas niñas, en Ceuta a finales de julio.
Hay quien subraya de tal avalancha una crisis de seguridad que amenaza la soberanía española y las fronteras exteriores de la Unión, vista la reivindicación de Ceuta y Melilla por parte de Marruecos, envalentonado por el apoyo de la Administración Trump.
Hay quien trata el episodio como una crisis migratoria gravísima fruto de la reciente regularización de personas que ya estaban trabajando sin papeles en España, y con el fallo del Tribunal Supremo de junio según el cual las autoridades no pueden deportar sumariamente a los migrantes que llegan por mar, sin cruzar una infraestructura física fronteriza (ahora tenemos una simbólica barrera de goma).
Pero de lo que no hay duda es que la situación ha derivado en una crisis humanitaria de primer nivel que el Gobierno español no puede ni debe minimizar.
Tampoco Europa. Y, por ahora, no ha estado a la altura, por no decir todo lo contrario. Pese a que, a principios de agosto, el Consejo de la Unión proclamó su “total solidaridad” con España y desvinculó el episodio de Ceuta de la reciente regularización, dejó claro qué piensa al respecto: “No es una buena señal”. Las críticas, especialmente las agitadas por parte de Italia y Dinamarca, da alas a Marruecos y otros países para que hagan de la inmigración un resorte de chantaje. España debe responsabilizarse de su parte, en la prevención, pero centrarse solo en ello hace que salga gratis la instrumentalización de la inmigración.
La política migratoria europea, que pone a prueba los valores que dice defender la Unión y se concreta en un pacto que acaba de entrar en vigor, pone el acento en la seguridad, el refuerzo de los controles en las fronteras y procedimientos más “rápidos y eficaces” de las devoluciones. Ningún país está obligado de forma efectiva a acoger inmigrantes en su territorio: puede elegir ser solidario pagando cerca de 20.000 euros por persona. Mientras, se deja en un papel testimonial la mención a la apertura de vías legales y seguras. Si organismos internacionales como la OCDE subrayan los beneficios de la inmigración, pero nadie quiere llegadas caóticas, ¿por qué no poner el acento en las vías legales y seguras?
La crisis de Ceuta tiene mucho que ver la falta de una visión europea con países que a menudo no son democracias homologables, a las que se deja la sartén por el mango para chantajear. Y pese a ello, las armas existen. Dos tercios de las exportaciones del vecino marroquí se dirigen a la UE, primera fuente de su inversión exterior e interesado en un acuerdo de partenariado de mayor nivel. La UE, que ya contempla los centros de deportación en terceros países como los que Italia mantiene casi vacíos en Albania, ha practicado una clara externalización de responsabilidades. Paga a países terceros para que le hagan de tapón. Se les paga para hacer de tapón. En una década, hablamos de más de 20.000 millones de euros. Más allá de las críticas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos a este tipo de acuerdos, la dependencia voluntaria de Turquía, Egipto, Libia o Túnez, coloca a la Unión en una posición de vulnerabilidad. Como señalaba recientemente un responsable de política migratoria española, si les das las llaves, no es tan difícil entonces convertirse en rehén.•
POR ARIADNA TRILLAS, PERIODISTA.