Los pasados días 16 y 19 de abril podrían significar un punto de inflexión en la historia reciente de la vivienda social en España. En la primera de estas fechas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su propósito de destinar 50.000 viviendas de la Sareb (el llamado banco malo, que recogió los restos de inmuebles y créditos impagados del naufragio bancario) a equipamientos sociales. Tres días después amplió la iniciativa con un nuevo plan para financiar la construcción de 43.000 viviendas de alquiler social, mediante 4.000 millones de euros del Instituto de Crédito Oficial ICO, que canalizaría recursos de los fondos europeos. En pocos días, el raquítico parque de vivienda social se vería incrementado en 93.000 nuevas viviendas.
Estas noticias llegaban en la recta final de los debates parlamentarios de la primera ley de vivienda de la democracia que seguramente ya estará aprobada cuando el lector tenga este número de El Ciervo en sus manos. Los anuncios han sido tachados por la oposición conservadora de electoralistas. Es cierto que el Gobierno de coalición ya anunció la construcción de 100.000 viviendas hace dos años, cuyo resultado es muy incierto.
En cualquier caso, las últimas medidas y la entrada en vigor de la nueva ley sitúan el problema de la vivienda en el centro del debate de la política social en España. La escasez de viviendas sociales, considerando como tales exclusivamente las de alquiler de titularidad pública, es ciertamente deplorable. En España hay actualmente 290.000 viviendas sociales, que representan el 1,6% de los 18,6 millones de hogares existentes en España, según Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes. Unas 180.000 son titularidad de las comunidades autónomas y entidades dependientes y 110.000 pertenecen a los ayuntamientos. Se trata de una situación que contrasta notablemente con la existente en varios países europeos de nuestro entorno como Francia, Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Holanda y Dinamarca, en los que el porcentaje de vivienda social es superior al 15%.
En ciudades como Viena, con una tradición centenaria de promoción de la vivienda social por las cooperativas y corporaciones municipales, el porcentaje de equipamientos sociales llega al 60%, la mitad de los cuales son privados, cuyos titulares reciben compensaciones fiscales para dedicarlas a estos fines.
La historia de la vivienda social en España es especialmente dramática. Este país construyó un inmenso parque de 5,7 millones de viviendas sociales entre 1962 y 2020 en los distintos sistemas de protección pública. Entre 2004 y 2011 se construyeron una media de 74.200 viviendas de protección social anuales. Este ritmo cayó en picado hasta las 15.800 anuales en los años siguientes (2012 a 2017) durante los Gobiernos del PP. El problema es que la inmensa mayoría de viviendas sociales se vendieron y pasaron al mercado libre. Especialmente dramático fueron las ventas de 1.860 viviendas sociales del Ayunta- miento de Madrid y 3.000 de la comunidad madrileña a fondos buitres por sus gobiernos conservadores.
El Gobierno está trabajando en un plan a largo plazo para alcanzar un 20% de viviendas sociales dentro de 20 años. La política de vivienda registró un cambio radical tras los Gobiernos de Rajoy, que solo dedicaban 500 millones de euros anuales en los presupuestos para vivienda. Desde hace dos años superan los 3.000 millones de euros anuales.
Los recientes anuncios, sin embargo, deberán completarse con más información que precise con exactitud el impacto real de estos proyectos. En el caso de los 50.000 pisos de la Sareb, por ejemplo, se trata de situaciones muy distintas. El plan incluye un primer paquete de 21.000 viviendas que se ofrecerán a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que las destinen a alquiler social. 9.000 de estos pisos ya están completamente listos para su uso mientras que otras 12.000 están pendientes de trabajos de adecuación. La comercialización de una parte de estos inmuebles está actualmente en manos de sociedades de fondos buitres.
Un segundo paquete está integrado por 14.000 viviendas que ya están ocupadas de forma irregular por familias desahuciadas que las utilizaron como último refugio. A 2.000 de estas familias se les ha ofrecido un alquiler social. Un tercer paquete de 15.000 viviendas, que todavía no existen, son las que se espera construir en los solares de la Sareb.