Putin es responsable penalmente de la barbarie que se está ejecutando en Ucrania y contra la población ucraniana. Los hechos en los que él, de una forma u otra, ha intervenido, y lo sigue haciendo, y que ha consentido plenamente por acción u omisión (responsabilidad del superior), son crímenes internacionales de primer grado que no pueden quedar impunes.
Cada día leemos, escuchamos y vemos con estupor, a través de los medios, el infierno ucraniano en el que se degrada a lo más ínfimo la dignidad del ser humano. Putin y sus correligionarios diseñaron de común acuerdo, en sus delirios criminales, un plan perfectamente calculado para consumar a su antojo todos los delitos del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI). Usar la fuerza armada ilegítimamente contra la soberanía, integridad territorial e independencia de Ucrania es, en palabras de la sentencia de Núremberg, el “supremo crimen internacional” de agresión. Una vez producida la invasión y ya penetrados físicamente en Ucrania, en el marco del conflicto bélico internacional provocado y con pleno desprecio a las reglas de la guerra —donde no todo es lícito— se está asesinando, mutilando, torturando, violando sexualmente a la población civil, atacando a la misma y bombardeando ciudades, viviendas, edificios, centros culturales y hospitales, corredores humanitarios, refugios e, incluso, según parece, se están usando métodos y armas de combate prohibidos. Es indudable que el crimen de guerra para las autoridades civiles y militares rusas se ha convertido en una espeluznante rutina.
Por si fuera poco, si se demuestra, además, que esos hechos se están perpetrando en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y como consecuencia de la política rusa, emergería el crimen de lesa humanidad. Y de probarse que en el intelecto de los agresores rusos subyace la finalidad de exterminar al pueblo ucraniano, estaríamos también ante un genocidio.
Es la comunidad internacional en su conjunto quien exige que Putin y todos sus acólitos rindan cuentas. Estos crímenes son los más graves que la mente humana puede diseñar, planificar y ejecutar. Es el Derecho internacional el que los tipificó para proteger los bienes más preciados del ser humano, como la vida, la libertad o la integridad física y psíquica; y los valores y bienes jurídicos universales más valiosos que pertenecen y afectan a la comunidad internacional, como la paz, la seguridad o el bienestar de la humanidad.
Estos execrables hechos determinan la responsabilidad penal de toda persona física que aparezca como posible autor o partícipe de los mismos. Se acabó el juego del escondite de sus responsables, detrás del escudo del “Estado”, para salir indemnes de toda atrocidad deliberada y sangrienta. Los causantes de semejantes actos, por mucho que se cometan en el nombre del Estado, y que a este le acarree responsabilidad estatal, deben responder personal y penalmente por sus reprochables conductas. Los crímenes no los perpetran entes abstractos, sino personas físicas concretas con nombres y apellidos. La naturaleza de estos crímenes internacionales de primer grado, les imprime el carácter de imprescriptibles y genera frente a todos los Estados —quieran o no— la obligación internacional de investigarlos y enjuiciarlos y, en caso de existir pruebas, de sancionarlos y de hacer cumplir la pena bajo los estándares internacionales del juicio justo, tanto en tribunales internacionales como nacionales.
Es incuestionable que disponemos en el sistema de justicia penal internacional, de todas las herramientas jurídicas y de la bendición y exigencia del Derecho para que Putin sea, cuando menos investigado. Sin embargo, la teoría choca frontalmente con una amarga realidad. El primer escenario judicial posible llamado a luchar contra el criminal y a tutelar a las víctimas directas de la absurda masacre e indirectamente a toda la comunidad internacional son los tribunales ucranianos, al ser este país el lugar donde los hechos se produjeron. Misión harto difícil, por no decir imposible. A la debilitada capacidad judicial de Ucrania para combatir esta criminalidad estatal, por encomiables esfuerzos que están realizando, se une el choque contra toda una potencia, Rusia, que repelería toda acción judicial. Igualmente es ilusorio pensar que Rusia va a juzgar, en su territorio, a sus ciudadanos y autoridades.
Esta quimérica situación procesal abre las puertas fundamentalmente de la CPI. Ostenta competencia para investigar, como está haciendo en estos momentos su fiscalía, y posteriormente para enjuiciar a todos los responsables de los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio; pero, por complicadas reglas de activación de su jurisdicción, carece de competencia para juzgar el crimen de agresión. Para la Corte todos somos iguales y a todos nos puede y debe juzgar. Es irrelevante el cargo oficial del presunto responsable, sea jefe de Estado, sea general militar, ministro o lo que fuere. Sin embargo, a nadie escapa que, por el momento, este objetivo de enjuiciamiento parece inalcanzable: ni Rusia, ni ningún Estado amigo entregarán al responsable o responsables a la CPI.
Una última posibilidad pasaría por que otras jurisdicciones nacionales, es decir, cualquier país, al amparo del principio de jurisdicción universal, tratara de investigar y enjuiciar a los responsables de estos hechos. Solución que también sería inalcanzable porque, con independencia de las lógicas dificultades y obstáculos, Rusia y sus amigos no transferirían nunca sus ciudadanos a ese Estado. Putin, por otro lado, jamás podría ser enjuiciado en ninguna jurisdicción nacional al estar amparado —a diferencia de lo que sucede con la CPI— por la inmunidad que le reconoce el Derecho internacional, como Jefe de Estado.
Esto no es óbice para que los acusados por estos crímenes, si son encontrados en otros países colaboradores con el sistema de justicia penal internacional, sean juzgados en esos lugares, o que sus autoridades los entreguen a la CPI. Sin embargo, hoy por hoy, es una ficción pensar que Putin, al menos mientras permanezca atrincherado en su país, será sometido en ninguna parte a la acción de la justicia. Por supuesto, los ciudadanos ucranianos que hayan cometido crímenes también deben ser enjuiciados.
Estas son algunas de las razones por la que diferentes expertos proponen la creación de un tribunal internacional especial para juzgar estos crímenes. Opinión que rechazo, porque, más allá de complicaciones jurídicas que las hay, no solucionaría el problema. Apuesto por fortalecer y mejorar el Estatuto de la Corte Penal Internacional que tanto esfuerzo costó, para tratar de alcanzar una justicia penal internacional efectiva, y no meramente teórica. Y aplaudo el esfuerzo de determinados países, como España que, gracias al impulso de la Fiscalía General del Estado, contemplan el citado principio de justicia universal, como una nueva dimensión cooperativa, en una suerte de investigación estructural para ayudar, desde el ámbito jurídico, forense y policial, en la investigación y esclarecimiento de los hechos tanto a la Fiscalía ucraniana como a la de la CPI.
Manuel Ollé Sesé
Profesor de Derecho penal internacional de la Universidad Complutense. Abogado.