La vivienda trastoca la sociedad española

El malestar generalizado por el problema de la vivienda alcanzó la máxima tensión con las conmovedoras imágenes del desalojo en una camilla de Maricarmen Abascal, una anciana enferma de 87 años, el pasado 23 de septiembre. Tres días después, el Sindicato de Inquilinas de Madrid, convocó una acampada de protesta en la Puerta del Sol. Los sindicatos de inquilinas nacieron en 2017 en Madrid y Barcelona ante las crecientes dificultades de los inquilinos por la incesante espiral de los precios. Estas organizaciones consideran que el problema de la vivienda en España es estructural debido a la gran desigualdad de poder existente entre los rentistas y los inquilinos.

Las acampadas de protesta se extendieron rápidamente a otras ciudades como, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza y Santiago de Compostela. Seis días después del desahucio de Maricarmen Abascal, el Gobierno de coalición progresista de Pedro Sánchez, consciente de la gravedad de la situación, aprobó dos reales decreto-ley para remediar las situaciones más dramáticas. El objetivo principal era impedir nuevos desahucios y contener la espiral de los precios de alquiler. Las medidas, sin embargo, fueron tumbadas en el Congreso de los Diputados el 2 de octubre por los partidos de las derechas PP y Junts y los ultras de Vox. Estos partidos ya habían rechazado propuestas similares de protección a los inquilinos en cuatro decretos anteriores en 2026.

Ante la imposibilidad de poder gobernar y tomar las medidas necesarias para afrontar el creciente deterioro del mercado de la vivienda, el lunes 5 de octubre Sánchez disolvió las Cortes y convocó las elecciones para el próximo 29 de noviembre. Desde entonces el clima político ha cambiado radicalmente y las preocupaciones sociales como la vivienda, las pensiones y los salarios se han convertido en el centro de los debates. La indignación subió de grado el 7 de octubre al producirse el fallecimiento de Maricarmen Abascal.

La profundidad y amplitud del problema de la vivienda tiene muchos aspectos y sin duda una notable complejidad. No hay soluciones sencillas, ni rápidas. Hay un problema de escasez, de precios de compra y alquiler inasumibles y dramas intolerables como los desahucios, que superan los 25.000 anuales. El Banco de España ha constatado que en 2026 hacen falta de 750.000 viviendas y pronostica que para 2028 la carencia alcanzará un millón de casas.

El malestar ha quedado patente en el último Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que el pasado octubre reflejó un récord de la vivienda como primer problema de los españoles. La muestra, realizada después de la muerte de Maricarmen Abascal, registró un repunte de 18 puntos, superando por primera vez el 55% de las personas que lo mencionaban. Ya son 21 meses seguidos en que la vivienda es el primer problema de los españoles.

Las acusaciones de radicalismo que han sufrido los jóvenes que han protagonizado las protestas se desvanecen ante los fríos datos de la realidad. La pura verdad es que el mercado de la vivienda no funciona en España. Esta disfunción está causando un malvivir a muchos ciudadanos. El pasado septiembre se suicidaron dos personas, Olga y Javier, tras recibir las notificaciones de desahucio, en l’Hospitalet de Llobregat

El extremismo no es de las protestas que han sido serias y pacíficas sino la crudeza de los datos: los alquileres se llevan en algunos casos el 80% del salario y un 31,5% de las personas que han ganado oposiciones han rechazado la plaza de destino por la imposibilidad de asumir el coste de la vivienda.

Las protestas han tenido la virtud de denunciar con firmeza un sistema que impide a millones de ciudadanos el acceso a la vivienda. Las soluciones, sin embargo, son más complejas. Exigirán reformas muy ambiciosas. El Gobierno ha aprobado dos nuevos decretos, que deberán ser aprobados por la Diputación Permanente del Congreso. Establecen una moratoria antidesahucios para personas vulnerables hasta 2030. La economista Carmen Trilla, una de las expertas que mejor conoce el sector, considera que estas disposiciones avanzan en la buena dirección, pero que deberían ser “más valientes”. Además de leyes protectoras, hace falta más presupuesto, construir más pisos, nuevas formas de acceso a la vivienda y consenso con el sector privado.•

 

Andreu Missé, periodista.

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