La desinformación, los bulos, los discursos de odio y otros contenidos ilícitos discurren sin control por plataformas y redes digitales tóxicas que son la fuente donde se informa, sin ninguna garantía de rigor y veracidad, un sector cada vez más numeroso de la población, especialmente la juventud.
Las plataformas más importantes de información, comunicación e interacción pública son propiedad de seis gigantes tecnológicos que actúan como un cuarto poder al ejercer el oligopolio y que sirven de apoyo a quienes practican el ciberpopulismo y el trumpismo. Su plan de negocio, formulado desde una posición política y económica ultraliberal, ni respeta el interés general de la ciudadanía ni cumple con las reglas de funcionamiento a seguir en un Estado de Derecho.
Las que inicialmente fueron consideradas como “plazas públicas digitales abiertas al debate” se han convertido, por la élite digital, en herramientas de manipulación informativa y propaganda política. Y no tendrían que poder seguir funcionando conforme a la ley de la selva, a falta —hasta ahora— de una regulación precisa en la Unión Europea. De ahí que la ciudadanía se vea expuesta a unas redes que acogen y difunden contenidos ilegales, campañas de desinformación, bulos, fake news, teorías conspirativas, injurias, violencia de género, discursos de odio racistas y xenófobos y campañas de haters, bots y ultras desde cuentas falsas o anónimas.
Los grupos contrarios a los valores democráticos, con la tolerancia o incluso complicidad de las corporaciones tecnológicas, se hacen muy presentes en esas plataformas al encontrar en ellas una vía fácil para hacer penetrar sus ideas ultras y discursos de odio entre la población. Lo cierto es que los dueños de las plataformas digitales no fiscalizan debidamente lo que difunden y rara vez moderan o eliminan aquellos contenidos que pudieran constituir un delito o provocar un riesgo sistémico. Tampoco acostumbran a suspender perfiles que constituyen un peligro para la convivencia. De ahí que se prodiguen los mensajes que exaltan la violencia, el racismo, el totalitarismo, la distopía, la posverdad y los relatos alternativos.
Es una situación grave, cuando una parte creciente de la población, entre ella muchos adolescentes y jóvenes, está enganchada a las plataformas digitales y sigue, sin ningún contraste, las proclamas de los nuevos predicadores que se llaman youtubers e influencers. Las redes sociales, con el potencial que les incorpora una inteligencia artificial que hoy avanza fuera de todo control, no deberían constituir una amenaza para la democracia y la convivencia sino servir para atender las necesidades vitales de la sociedad y los derechos digitales de las personas.
Sin embargo, los gigantes tecnológicos son ajenos a la ética digital y a los valores que conforman una sociedad democrática. De modo que la Unión Europea y los Estados miembros tienen que comprometerse a garantizar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos. Como poder acceder a una información veraz, el respeto a su honor y a la privacidad de sus datos, poder comunicarse y debatir con libertad sus opiniones en todas las redes sociales o hacer compras de bienes y productos con seguridad.
Las macroempresas tecnológicas, representativas del nuevo capitalismo digital, ostentan un tecnopoder muy superior al de muchos Estados gracias a la nueva economía de los datos que les aportan cada día los usuarios de las plataformas. Con el big data hacen un inmenso negocio y su prioridad estriba en mantener la plena soberanía digital al margen de cualquier regulación legislativa. Para fomentar un consumo enfermizo utilizan sesgos y sistemas algorítmicos que les permiten, además, orientar la comunicación, manipular la opinión pública, fomentar preferencias electorales entre la ciudadanía y discriminar o direccionar tanto la información como la publicidad personalizada.
El Reglamento sobre Servicios Digitales (conocido como DSA) aprobado en 2022 por el europarlamento así como el Código de Conducta contra la desinformación, los bulos y las fake news —una norma de autorregulación a seguir por las propias plataformas— constituyen la normativa de regulación en el ámbito de la UE. Es de aplicación a las grandes corporaciones como Google, Instagram, X, TikTok, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Zalando, Booking, YouTube, Telegram o Amazon.
La Comisión Europea trata así de regular la actividad de las plataformas de internet para prevenir actuaciones ilegales y nocivas, garantizando los derechos fundamentales de las personas y en particular los derechos de los menores, la seguridad de los usuarios y la creación de un entorno de servicios digitales transparente y fiscalizado. También se establece el procedimiento a seguir con las sanciones que se impongan a dichas plataformas, con las restricciones a las cuentas de usuarios que cometan infracciones así como la puesta a disposición de mecanismos para atender las denuncias y quejas ciudadanas.
· · Una regulación insuficiente · ·
Sin embargo, con ser un avance, la regulación europea es insuficiente a la hora de responsabilizar a estas empresas. Porque no se cumple el objetivo de establecer la obligación, por parte de las propias corporaciones, de fiscalizar lo que publican los usuarios en sus redes y de eliminar contenidos ilegales o suspender cuentas con inmediatez por campañas de desinformación que entrañen graves riesgos. En cambio, el Reglamento señala “las obligaciones” de las plataformas con estas expresiones: ajustar, evaluar, evitar, sopesar, reducir riesgos, auditar, prestar atención y moderar contenidos ilícitos o aquellos que ofrezcan riesgos de gravedad. En definitiva, la DSA no establece una responsabilidad de las plataformas por los contenidos que difunden ni la obligación de una supervisión constante.
El Reglamento se complementa con el Código de Conducta o buenas prácticas en materia de desinformación y bulos, que es la primera herramienta de este tipo a través de la cual los agentes pertinentes de la industria acordaron normas de autorregulación para luchar contra la desinformación. El cumplimiento del Código queda a la voluntad de las tecnológicas y se da el caso de que Elon Musk no ha firmado dicho Código.
Por otra parte, ni este Reglamento ni tampoco el referido a la Libertad de Expresión en los Medios de Comunicación definen con precisión qué ha de entenderse por desinformación ilícita y cuándo estaremos solo en casos de desinformación engañosa, peligrosa, nociva o incorrecta. De modo que la determinación de los tipos delictivos de la desinformación para casos verdaderamente graves (vinculados a ataques contra la seguridad, los procesos electorales, la convivencia social o los valores constitucionales) se deja como una tarea para los Estados miembros de la UE en la transposición y desarrollo del Reglamento, un trabajo parlamentario muy complejo y resbaladizo para no dañar el ejercicio de la libertad de expresión.
A pesar de sus limitaciones, la efectiva aplicación del Reglamento se ha convertido en un reto para los Estados de la UE y para la propia Comisión Europea de cara a hacer cumplir sus criterios. La clave reside en que los Estados tengan una voluntad política real de supervisar y controlar el funcionamiento de las redes y actuar conforme al Reglamento tanto desde la autoridad administrativa como la judicial, bien a iniciativa propia o atendiendo denuncias fundadas de usuarios y de alertadores fiables.
En el caso de España y de acuerdo con lo previsto en la DSA, que obliga a cada Estado miembro a nombrar una instancia Coordinadora de Servicios Digitales, el Gobierno ha designado para tal función a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La DSA dota al Coordinador en cada país de amplias facultades de supervisión, investigación y sanción sobre los prestadores de servicios digitales que operen en España y representan, además, el primer punto de contacto para que las personas y las empresas resuelvan las reclamaciones.
La CNMC es la encargada de velar por el cumplimiento efectivo y eficaz de la norma europea, pero está pendiente de que el Gobierno eleve una ley al Parlamento para que la entidad asuma esa nueva competencia y pueda imponer sanciones o dictar órdenes de actuación a las plataformas. Debe, también, reformar sus estatutos para adaptar su actual organigrama y contar con más recursos. Como el Gobierno no ha hecho esos deberes, la CNMC aún no ha iniciado su función, algo inaceptable a la vista de cómo han proliferado los bulos con ocasión de la trágica dana de Valencia.
En este complejo escenario tecnológico y político es deseable que las instituciones democráticas, las organizaciones cívicas y los movimientos de activistas por la democracia reflexionen y trabajen sobre cómo configurar y promover un modelo de redes sociales que sea alternativo a las pertenecientes a la aristocracia digital. La democracia precisa un modelo que aporte confianza a la sociedad, funcione con transparencia en sus procesos y sistemas de algoritmos, así como con criterios de responsabilidad ética y garantías de cumplir las normas regulatorias.
· · UE Voice y UE video · ·
Así, desde abril de 2022 y durante dos años, la Unión Europea, por medio del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) y la Dirección General de Servicios Digitales, promovió un ensayo con la puesta en marcha de infraestructuras digitales de comunicación, sin ánimo de lucro y con un modelo alternativo al de las redes sociales de los gigantes tecnológicos.
Se han desarrollado, a modo de prueba y materializando un proyecto piloto, dos plataformas digitales para estudiar la viabilidad de una red social pública europea. El ensayo tecnológico, un hecho poco conocido, ha sido realizado por la Unión Europea a la vista de la actual dependencia de las plataformas chinas y norteamericanas, así como ante la interferencia desestabilizadora en las redes por parte de Rusia con ocasión de procesos electorales en países europeos.
La prueba consistió en la creación de dos portales: UE Voice y UE Video. Dos opciones para “competir”, llegado el caso, con redes privadas como X (de Elon Musk), YouTube o TikTok. UE Voice se diseñó como una plataforma de microblogging, pensada para compartir textos cortos, imágenes y vídeos de poca duración. Esta red se podría comparar con Twitter/X. Por su parte, UE Video sería una plataforma pensada para difundir vídeos y podcasts, una oferta del tipo YouTube.
La experiencia de crear infraestructuras digitales de comunicación públicas se realizó por la UE teniendo como usuarios solo a instituciones, órganos, oficinas y agencias europeas que tuvieron la oportunidad de registrar sus cuentas en las dos plataformas públicas e interconectarse entre sí. En su ensayo, el SEPD no quiso incluir el acceso de usuarios particulares, consciente de que no se daban las condiciones.
Los modelos ensayados presentan grandes diferencias con las redes que ofrecen las corporaciones tecnológicas y se apostó por el modelo de plataformas digitales públicas, gratuitas, con un diseño de software de código abierto accesible al público y descentralizadas. Lo cierto es que, en la actualidad, ya existe la oferta de ese modelo de red. Es el caso de Bluesky y Mastodon que tienen vocación social, respetan la privacidad de los usuarios que no se ven obligados a ceder sus datos personales, carecen de perfilado de sesgos de las personas y de algoritmos que manipulen los datos, no incluyen de momento publicidad y asumen el compromiso de moderar o minimizar contenidos de riesgo aceptando la autorregulación.
Las redes sociales alternativas, Bluesky y Mastodon, están experimentando un crecimiento notable tras los comportamientos y el posicionamiento político de Elon Musk, propietario de X y aliado de Trump en las recientes elecciones de EE.UU. Esto ha provocado un gran debate público y la migración de numerosas cuentas de X a dichas redes, hasta ahora muy minoritarias.
· · Hay que actuar ya · ·
Las sociedades democráticas necesitan un modelo de red alternativa, con una vocación realmente social que funcione como un servicio público, sin manipulación de la información y con protocolos de transparencia que no estén al servicio de las élites tecnológicas ni de fuerzas políticas. Es muy importante que las redes alternativas asuman la responsabilidad de impedir contenidos ilegales o tóxicos y cumplan con las regulaciones.
Por tanto, si los gigantes tecnológicos no cumplen el citado Reglamento de Servicios Digitales y si no se autorregulan mediante el Código de buenas prácticas, los Estados miembros de la UE, junto al Parlamento Europeo y la Comisión que preside Úrsula von der Leyen, no solo deben intervenir con los instrumentos que les da la ley para supervisar, denunciar y sancionar a Musk y sus colegas, sino que debieran revisar la DSA y corregir sus insuficiencias.
Por otra parte, corresponde a las instituciones europeas la función de educar en la cultura ética digital y defender los derechos digitales de la ciudadanía en los ámbitos de la comunicación, información y debate público de ideas. No olvidemos que la conjunción entre redes privadas al servicio de líderes autoritarios y que permiten contenidos ilícitos, el uso de algoritmos para la manipulación de datos personales y la utilización de sistemas de inteligencia artificial para influir en la opinión pública supone un grave riesgo para la pervivencia de los valores del sistema democrático.
Asistimos al desafío global de lograr una gobernanza democrática de las redes y controlar los sistemas y usos de inteligencia artificial. De lo contrario, cada año habrá más Estados en el planeta que, en medio de campañas sistemáticas de desinformación y bulos, avancen en la dirección de contar con gobiernos autocráticos y falsas democracias. Para frenar los riesgos en la era de revolución tecnológica de un autoritarismo que se basa en el orden y la seguridad, debemos repensar y adaptar las instituciones a una democracia digital.
No sabemos hasta qué extremo va a pervertir Trump el sistema democrático en EE.UU. pero sí imaginamos la contaminación reaccionaria que provocará en Europa. Tampoco sabemos cómo será una gobernanza en la que intervenga la IA, pero en manos de Trump seguro que representa una amenaza para el empoderamiento ciudadano y su participación libre en la toma de decisiones. Ambos ejes de la democracia pueden ser sustituidos por un gobierno tirano de algoritmos y de sistemas inteligentes automatizados, ofreciéndonos a cambio “decisiones tecnológicas de gobierno más eficientes” como parte de un modelo alternativo a la democracia y deshumanizado que ya aparece dibujado en el horizonte.
En lo inmediato, con el señor X en la Casa Blanca junto a un gobierno de multimillonarios ultraliberales, democratizar las redes sociales y acabar con los discursos de odio será casi una misión imposible. Por ello, las sociedades que aman las libertades y la convivencia en paz deben ejercer una resistencia activa y trabajar por recuperar la función original de internet para que esté al servicio de las necesidades de la humanidad y no de una aristocracia digital. •
ODÓN ELORZA, LICENCIADO EN DERECHO Y EXDIPUTADO POR EL PSOE (2012-2022)