La incesante concentración de riqueza en manos de una minoría de personas, que pagan menos impuestos que la media, supone una seria amenaza para la democracia. El poder de los multimillonarios se ha disparado provocando un aumento de las desigualdades y fuertes tensiones en el sistema democrático. Ante el malestar por las menores contribuciones fiscales que ponen en peligro la financiación del Estado de bienestar han surgido dos tipos de respuestas: las que se desarrollan en el ámbito nacional, como en Francia y California y las que se debaten en los foros internacionales de la Ocde y Naciones Unidas.
La desigualdad global se sigue agravando por la continuada concentración de la riqueza según el World Ultra Wealth Report 2025 (Informe sobre la ultra riqueza mundial 2025) elaborado por Altrata y dirigido por Brian Alster. El trabajo revela que el pasado junio había 510.810 personas en todo el mundo con un patrimonio neto superior a 30 millones de dólares (25,4 millones de euros), lo que significaba un aumento del 17,4% respecto a principios de 2024. El patrimonio neto total de la clase de ultrarricos aumentó un 6,7% hasta alcanzar los 59,8 billones de dólares (50,7 billones de euros) en junio de 2025, una cifra que duplica el Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos, en donde residen el 38% de las mayores fortunas.
Los estudios elaborados por el Observatorio Internacional de Fiscalidad, dirigido por Gabriel Zucman, catedrático de la Escuela de Economía de París y en la UC Berkeley en California, sostienen que los más ricos pagan menos impuestos que la media de los contribuyentes. Para corregir esta situación, el profesor Zucman propugna aplicar una tasa anual del 2% a los patrimonios superiores a 100 millones de dólares (84 millones millones de euros) que permitirían recaudar hasta 380.000 millones de dólares (318.000 millones de euros) anuales en todo el mundo.
En Europa la aplicación de la tasa del 2% proporcionaría una recaudación adicional de 67.000 millones de euros anuales. En el caso de España, que ya tiene un impuesto sobre el Patrimonio, la tasa complementaría este tributo y proporcionaría unos ingresos adicionales al Estado de 4.000 millones de euros anuales. Zucman sostiene que los más ricos eluden sus obligaciones tributarias colocando los beneficios obtenidos por sus empresas en sociedades holding mediante prácticas que son completamente legales. Se trata en definitiva de corregir un sistema fiscal que descansa sobre todo en los impuestos a la clase media.
En Francia, la iniciativa de Zucman, que cuenta con el apoyo de más del 85% de la población, estuvo a punto de ser aprobada el año pasado pero finalmente fue bloqueada por el Senado. Sin embargo, una propuesta similar volverá a plantearse este año.
En California el sindicato de los trabajadores de la salud SEIU-UHW promueve una ley para establecer una tasa del 5% a los milmillonarios, definidos como las personas que cuentan con un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares. Los impulsores, que precisan recabar casi 900.000 firmas para que prospere la iniciativa, estiman recaudar unos 100.000 millones de dólares de los más de 200 multimillonarios californianos. En California se encuentran localizadas las principales compañías tecnológicas de Estados Unidos, cuyos propietarios pagan un tipo fiscal inferior a la media de los contribuyentes, según diferentes estudios.
Paralelamente, a las iniciativas nacionales, en el plano internacional en 2026 continuarán las negociaciones sobre fiscalidad en un doble escenario. Por una parte, en el ámbito de la Ocde, los países tratan de aplicar los acuerdos de 2021, suscritos por 135 Estados, que fijaron un tipo mínimo del 15% a las multinacionales. El acuerdo quedó seriamente desvirtuado tras la negativa de Donald Trump a aplicarlo a las empresas estadounidenses.
Por otra parte, en el marco de la ONU se desarrollarán las conversaciones para lograr un acuerdo sobre Cooperación Tributaria Internacional en la Asamblea de Naciones Unidas de 2027. Las decisiones cruciales se tomarán este año 2026 en las sesiones previstas en Nueva York y Nairobi. De este foro también se ha retirado Estados Unidos. La elusión tributaria de las grandes corporaciones estadounidenses ha ocasionado unas pérdidas de ingresos fiscales de 495.000 millones de dólares durante los últimos seis años, según la Red de Justicia Fiscal. •