Dos voluntarios de prisiones, Núria Sastre Domènech y Xavier Badia Cardús, nos explican en estas páginas su experiencia al visitar a los reclusos en las cárceles catalanas. A su vez, los cofundadores de la UTE (Unidad Terapéutica y Educativa) del centro penitenciario de Vallbona (Oviedo), Faustino García Zapico y Begoña Longoria González, describen la metodología de este recurso que funciona con buenos resultados. Todos ellos consideran que otra prisión es posible con el apoyo y la ayuda de las familias y medidas de reeducación y rehabilitación.
En un aeropuerto europeo, una joven fiscal se entretiene con el móvil, esperando su vuelo. Regresa de una convención de juristas, con otros colegas. Está satisfecha de su participación, que aparecerá publicada y podrá añadir a un currículum más que brillante. En pocos años de ejercicio se ha ganado fama de dura y exigente.
Tecleando el iPhone, se deja llevar por los algoritmos y escribe una palabra conocida “prisión”, quizás por deformación profesional. Con rapidez, el mayor invento conocido hasta la fecha, le sorprende con una cascada de significados, entre los que elige “efectos”:
Privación de libertad, régimen de vida militarizado; pérdida del puesto de trabajo, dificultad extrema de encontrarlo, en el futuro. Compañías desagradables y agresivas. Trato impersonal por parte del funcionariado. Pérdida de la pareja. Separación de la familia. Vergüenza. Aniquilamiento de personalidad. Aumento de trastorno mental, si ya se padece. Aparición de patología mental por la dureza de la experiencia y de las penas prolongadas. Iniciación y consolidación en el consumo de estupefacientes y fármacos. Batalla desigual con un papeleo incomprensible. Indefensión ante el aparato judicial. Abogados casi siempre desconocidos. Desolación extrema por no ver crecer a los hijos. Estigma que acompaña toda la vida, así como a las familias. Régimen de aislamiento si se comete alguna infracción disciplinaria o administrativa. Inmovilización violenta en una cama, si se considera alteración o desobediencia grave. Probabilidad de suicidio. Frustración cuando otras personas obtienen libertad y beneficios gracias a su nivel económico. Pozo sin esperanza, en cuyo fondo malviven básicamente personas sin recursos y enfermos mentales.
La lista no terminaba y nuestra fiscal no podía continuar, visiblemente incómoda. En su tarea profesional, se pronunciaba regularmente a favor de la prisión para las personas detenidas y solicitaba condenas máximas en los juicios.
En un esfuerzo de honestidad se preguntó si había sido totalmente consciente de que la condena por un hecho puntual, frecuentemente contra la propiedad o la salud pública, podía convertirse en una condena integral para todos los aspectos de su vida y, no solo ello, sino también para sus familias.
Se anunció el vuelo y reemprendió el viaje de retorno: Ya no era la misma fiscal dura y exigente. Empezó a recordar, con angustia, a tantos y tantas, a los que había mandado a prisión, en nombre de la Ley.
Al aterrizar, había decidido replantear su papel como profesional e iniciar un movimiento innovador que promoviera la reeducación y la reinserción social, como alternativa al régimen cerrado, y para aquellos casos en que no fuera posible, incluso los más graves, se respetara, en todo caso, la vida, la integridad y la salud y, en ningún caso, nadie pudiera ser sometido a malos tratos de palabra y obra.
No sé si les gustó esta historia, pero sería maravilloso que fuera cierta.
La realidad nos muestra un fracaso recurrente, cuando abordamos el tema de la población penitenciaria, en constante aumento. De ello somos primeros responsables los ciudadanos, que exigimos dureza y represalia contra las personas que infringen las leyes. Votamos a favor de políticas y códigos que protejan mayormente nuestras propiedades. Los centros penitenciarios se llenan de personas que efectivamente han delinquido, pero que jamás se reeducarán ni rehabilitarán mediante régimen cerrado.
Si nuestra fiscal existiera y el movimiento innovador fuera una realidad, crearíamos centros abiertos de formación, grandes complejos de trabajo dignamente remunerado, centros de asistencia psiquiátrica y, desde luego, promoveríamos un Código Penal con penas proporcionales y adecuadas a la gravedad de la infracción, evitando la coexistencia entre delitos graves, que los hay, y otros de menor importancia, que son los que llenan los centros penitenciarios.
Si la magistratura y la fiscalía se unieran a tal movimiento innovador, y pudieran elegir entre muchas medidas de reeducación y rehabilitación, en otro código penal flexible y proporcional, el resultado podría ser muy distinto.
Si la clase política formara parte de un movimiento innovador, dedicarían unos presupuestos muy elevados a los centros reeducadores, rehabilitadores y de atención psiquiátrica, siempre abiertos. Igualmente, dotarían a la Justicia, de medios suficientes, para que fuera rápida y efectiva, y, como consecuencia, respetada.
Voy a darles buenas noticias: el movimiento innovador ya existe, y sus fundamentos jurídicos se hallan perfectamente definidos y vigentes, a punto de ser aplicados en su mayoría. Lean, se lo recomiendo, la Ley General Penitenciaria y la Constitución, nuestras primeras leyes orgánicas de la democracia, y entenderán que el problema viene del griterío de una sociedad que las ignora y se orienta hacia el regreso a la edad media, cuando no, a la prehistoria. •
POR NÚRIA SASTRE DOMÈNECH, ABOGADA Y VOLUNTARIA DE PRISIONES