Temis, diosa de la justicia, lleva los ojos vendados para no ver al reo y evitar así que conocerlo o reconocerlo influya
en la sentencia que ha de dictar. Esa venda, cierto, puede parecer redundante e innecesaria puesto que tratándose Temis de una diosa cabría confiar en que su virtud y su fortaleza le bastaran para ser justa a carta cabal. Eso, claro está, exigiría de nuestra parte una confianza no menos ciega. Pero se ve que los griegos, que empezaban a conocerse a sí mismos, no veían del todo claro esa ceguera y sabían que la carne es débil, incluso —por no decir sobre todo— para los dioses, como han venido demostrando a lo largo de milenios. La justicia es ciega, sí, pero le vendamos los ojos. Por si acaso.
La justicia no ve, pero es vista. En los últimos tiempos es observada, auscultada, seguida y aun perseguida con una atención acaso sin mesura que la expone a la luz pública de forma seguramente nociva. Así hemos querido representarla en la portada de este número, Temis saliendo agobiada de palacio en medio de una gran expectación. Con lo difícil que resulta —pregunten a una vedete— bajar airosamente las escaleras portando túnica, balanzas, espada y la dichosa venda. ¿Qué pasa en o con la justicia, que no logra escapar del foco de los noticiarios? Sabemos que las buenas noticias no son noticia, de manera que si tanto interés suscita justo es pensar que algo malo se debede estar cociendo: siempre al acecho, los sabuesos huelen sangre. ¿Qué ocurre, pues? ¿Es culpa de los políticos la judicialización de la política o es culpa de los jueces la politización de la justicia? ¿Es culpa de los medios de comunicación, que aturdimos a la opinión pública? ¿Es culpa de los que tratan de deslegitimar las instituciones democráticas —la justicia, el legislativo, el gobierno, la constitución, los sindicatos, el consenso, los acuerdos, los pactos— sembrando cizaña a la espera de cosechar descontento, malestar, desafección y finalmente adhesiones inquebrantables? (Hablamos de culpa, disculpen el paréntesis, para estar a tono con el ambiente judicial). Bien, pues culpables serán un poco todos, claro. O sea, seremos.
Como indican algunos ilustres juristas en las páginas del Trasfondo de este número, quizá no sucede nada muy grave ni tan serio o escandaloso como a veces se sospecha, y la justicia funciona mejor de lo que parece. Por ejemplo, leemos, la percepción de la salud de la justicia por la opinión pública resulta que no es tan negativa como insinúa la opinión publicada y es mejor que la que se tiene de los poderes ejecutivo y legislativo. Ciertamente, esto no es difícil porque están todos bajo mínimos, pero sorprende, ¿verdad? Porque entre el impresentable y desleal bloqueo del órgano de gobierno de los jueces y las incomprensibles y dadaístas sentencias del Constitucional sobre el Estado de Alarma, es la salud mental y la temperancia de los ciudadanos lo que se pone a prueba. Pues bien, la sensatez resiste y no hace pagar a justos por pecadores. A pesar de esos dislates, que molestan e irritan, sabemos, a lo que se ve, que la justicia es más que una ristra de titulares llamativos y que no hay que confundir, también en estas páginas se escribe, dos órganos políticos —el CGPJ y el TC— con los jurisdiccionales. Son los tribunales ordinarios los que, con discreción y silencio —y una lentitud quelonia, digámoslo también— administran justicia día a día y se llevan la nota
más favorable, y ello a pesar de que la burocracia, los atascos, la falta de recursos y de personal no convierten esa administración pública en el mejor ejemplo de agilidad, modernidad y eficiencia.
Además de sentencias, en los juzgados fallan muchas cosas pero no más de las que suelen fallar en todos los ámbitos de nuestra vida pública y privada. Por ello tenemos que seguir y seguimos confiando en la justicia. Es necesario, como lo es también que la confianza no sea del todo ciega y sepamos que la credibilidad puede perderse y hay que mejorar siempre para que lo que falla, los efectos de sus defectos, no den paso a la desconfianza en el sistema judicial. Porque es una institución clave de la democracia liberal, siempre frágil y asediada por enemigos que se están creciendo. Esta no es tarea solo de la política y la judicatura, de políticos y de jueces, sino que a todos nos concierne: a la educación, la formación, las entidades y grupos que ejercen su profesión alrededor de los tribunales y dan vida al trajín cotidiano de las ciudades de la justicia, a la responsabilidad personal, el civismo, el apoyo y el compromiso de verdad con el estado de Derecho del que —a conciencia elijo el verbo— gozamos. Que se basa, como todos sabemos y a veces parece que olvidamos, en el imperio de la ley. Y es el más justo que en toda la historia hemos
logrado concebir y levantar.